miércoles, 15 de noviembre de 2017

El Gobierno Español regula las condiciones para el cierre de las centrales eléctricas

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital anunció ayer en un comunicado que ha enviado a la CNMC el Real Decreto que regula el cierre de centrales eléctricas en España. “Así, el Gobierno contará con una medida regulatoria que asegurar que las decisiones de cierre de centrales son coherentes con los instrumentos de planificación energética y, de esta manera, son compatibles con los objetivos en materia de seguridad del suministro, sostenibilidad y precio de la energía“, explica
El Gobierno ratifica así su posición de que las decisiones tomadas por las empresas en el ámbito energético deben estar subordinadas al interés general y a la planificación en esta materia.

Esta frase para enmarcar, es un eufemismo de la situación, puertas giratorias y pacto de lobby pro nuclear, y no lo dice Eguzki sino cualquier observador crítico del modelo energético durante los últimos años.

Asegura que esta posición encuentra pleno amparo en los preceptos constitucionales (artículos 38 y 128) y en la regulación vigente del sector eléctrico.
En concreto, el reglamento tiene como finalidad regular el procedimiento de cierre de las instalaciones de producción de energía eléctrica. A diferencia del régimen actual, que solo contempla la seguridad del suministro, la autorización del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital únicamente se concederá tras valorar adicionalmente la coherencia del cierre con el cumplimiento de los objetivos medioambientales y del clima, así como la coherencia de los precios y la competencia del mercado eléctrico.
De esta forma, se denegará el cierre de una instalación cuando amenace a la seguridad de suministro eléctrico o a la seguridad del abastecimiento de materias primas, así como cuando suponga efectos desfavorables en los precios de la electricidad, en la competencia en el mercado eléctrico y en el cumplimiento de los objetivos en la planificación de energía y clima vigente.
El reglamento establece como ámbito de aplicación las instalaciones de producción de energía eléctrica de potencia superior a 50 MW, con independencia de su tecnología, por ser aquellas que requieren autorización del propio Ministerio para su operación. Las centrales de menor tamaño se regirán por el marco de autorización propio de las Comunidades Autónomas.
Cierre de centrales eléctricas
Solo el titular de la instalación podrá solicitar la autorización administrativa de cierre correspondiente ante la Dirección General de Política Energética y Minas. Junto a la solicitud, deberá adjuntar varios documentos, como una memoria justificativa en la que se detallen las circunstancias técnicas, económicas, ambientales o de cualquier otra índole que fundamenten el cierre, información técnica de la instalación y un plan técnico y económico de desmantelamiento.
Una vez recibida la solicitud, el Ministerio de Energía solicitará a REE, Enagás, CNMC y otros organismos implicados los correspondientes informes que valorarán el eventual cierre. El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, teniendo en cuenta los informes, resolverá la autorización o denegación de la solicitud.
En caso de denegación de la solicitud, el titular de la instalación deberá continuar con la actividad por sí mismo o transmitir la instalación a un tercero, lo que podrá hacer si así lo desea mediante una subasta regulada por el Real Decreto. Esta subasta permitirá establecer si la instalación tiene valor económico para un operador distinto y, siendo este el caso, facilitar su transmisión para que continúe operando la central.
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martes, 14 de noviembre de 2017

Señores directores de El Correo y El Diario Vasco, fue la Guardia Civil, no ETA, quien mató a Gladys de un disparo en la cabeza

El Correo y Diario Vasco publicaron el jueves una información titulada “La nuclear de Lemoiz se reinventa”, dedicada al proyecto que baraja el Gobierno Vasco para reutilizar como piscifactoría las instalaciones de la central que, afortunadamente, nunca llegó a funcionar.
En uno de los párrafos, se dice textualmente: “una central cuya construcción soportó el azote de ETA, que asesinó a cinco trabajadores y a una ecologista”.

Esa ecologista es, sin duda, Gladys del Estal. Como es público y notorio, a Gladys no la mató ETA, sino que fue el guardia civil José Martínez Salas quien, el 3 de junio de 1979, le pegó un tiro en la cabeza durante la represión de una protesta antinuclear y antimilitarista que se estaba desarrollando en Tudela.
No nos cabe duda de que ni la redactora ni El Diario Vasco ni El Correo han pretendido reescribir la historia, sino que se trata de un gazapo. Eso sí, un gazapo de órdago en una cuestión en torno a la que las sensibilidades están a flor de piel. Imaginémonos por un momento que algún otro medio hubiese atribuido a la Guardia Civil una de las víctimas de ETA. No es difícil concluir que se hubiese montado una buena.
En nuestra opinión, el gazapo es de tal magnitud que deberían ser los propios diarios quienes lo aclarasen y con la relevancia que merece.
Por sacar algo positivo, terminaremos diciendo que esto debería servirnos para reflexionar sobre el hecho de que algunas víctimas, como Gladys, siguen siendo oficialmente de segunda o incluso de tercera categoría, y su reconocimiento, siempre aplazado, serviría para que se conociesen los hechos y, por tanto, dificultaría que se cometiesen estos errores. A quienes integramos Eguzki, desde luego, nos permite comprobar que, casi cuarenta años después, sigue siendo necesario perseverar en la reivindicación de la memoria de Gladys, pues está claro que, a pesar de nuestros esfuerzos, todavía hay quien puede creer e incluso publicar que a Gladys la mató ETA.
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lunes, 13 de noviembre de 2017

Controlemos el desmantelamiento de Garoña

EEl Foro contra Garoña exigimos que se realice con rigor y con transparencia. Rigor en la adopción de todas las medidas que sean necesarias para eliminar todo riesgo de fuga radioactiva. No es un tema que permita márgenes de riesgo alguno ya que lo que se juega es la salud de población y de nuestros recursos naturales. Transparencia, para que la ciudadanía de las poblaciones dentro de su radio de acción tengamos la total convicción y tranquilidad de que los trabajos de desmantelamiento se están realizando con total eficacia. El desmantelamiento puede durar 10-15 años y tendrá un coste de más de 600 millones de euros de los que Iberdrola y Endesa pagarán 150 y el resto nosotros-as (una injusticia más).
El Foro contra Garoña ha solicitado participar en la comisión que van a crear el Gobierno Vasco y la Diputación de Alava y propondremos tres medidas:
- Que la Diputación/Gobierno Vasco hagan directamente controles periódicos en el Ebro para asegurar que no haya ningún escape radiactivo más.
- Que en la web del CSN se informe de los procesos del trabajo a realizar (datos técnicos, plazos, periodicidad de los informes de control y tipo de mediciones..) y de las mediciones e informes de control realizados.
- Que no se deje ningún residuo en Garoña.
Tras estos años de lucha por el cierre de Garoña, como antes lo fue contra Lemoiz, han quedado claras dos cuestiones. Una, que la ciudadanía no quiere la energía nuclear conscientes que es la de mayor coste sobre nuestras vidas. Dos, que aunando fuerzas es posible doblegar la voluntad de las oligarquías eléctricas. Por ello, solicitamos a la gente, ayuntamientos y entidades que no compren ni un kilovatio-hora nuclear para lo que se pueden dar de alta en empresas o cooperativas solo de energías alternativas. El gobierno del estado español quiere alargar la vida de las viejas centrales y es importante no ayudar a semejante bomba de relojería.

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Garoñaren eraispena kontrola dezagun

Eraispena iraungo duen 10-15 urte hauetan ez dadila Ebrora beste isurketa erradiaktiborik egin eta hondakinak ez daitezen bertan geratu

Lehenengo borroka irabazi ondoren (Garoña betiko ixtea), orain bigarrena dator: eraispena. Foroak eraispena ziurtasunez eta gardentasunez egitea eskatzen du. Ziurtasuna, ihes erradiaktiborik ez egoteko behar diren ekintza guztiak egin daitezen, hemen ezin delako akatsik egin, herritarren osasuna eta gure baliabideen etorkizuna jokoan dugulako. Eta gardentasuna, inguruko herritar guztiok eraispena behar bezala egiten ari dela ikusi nahi dugulako.
Eraispenak 10 urte baino gehiago iraun dezake eta kostua 600 milioitik gorakoa izan daiteke eta hortik Iberdrolak eta Endesak 150 baino ez dute ordainduko, gainerakoa herritar guztion lepora izango delarik (beste bidegabekeria bat gehiago). Horregatik prozesu luze horretan jarraipena egitea ezinbestekoa da, zaindu behar duen erakundeak, CSNk, beti interes nuklearren alde jokatzen duelako, Garoñari baimena ematean ikusi genuen moduan.
Horretarako, Garoñaren kontrako Foroak eskatu du Jaurlaritzak eta Arabako Aldundiak sortuko duten batzordean parte hartzea jarraipen lanetan laguntzeko, eta batzorde horretan inguruko udalak, beste herri mugimendua eta talde ekologistak ere egotea garrantzitsua da. Hiru gauza eskatuko ditugu:
- Aldundiak/Jaurlaritzak Ebron aldian aldiko kontrolak egitea, isurketa erradiaktiborik egon ez dela ziurtatzeko, inoiz gertatu izen den moduan.
- CSNren webgunean egin beharreko lanen informazio osoa jartzea (datu teknikoak, epeak, kontrol txosten motak eta maiztasuna…) lanak egin baino lehen, eta egin diren lanen datuak.
- Hondakinak bertan ez uztea.
Garoña gelditzeko hainbat urte lan egin ondoren, lehen Lemoizekin egin genuen moduan, bi gauza argi geratu dira: lehenengoa herritarrek ez dutela energia nuklearrik nahi, garestiena eta arriskutsuena delako, eta bigarrena, denak batuta joanez gero, oligopolio elektrikoari irabazi ahal diogula. Horregatik, horiek ikusi ondoren, dei egiten diegu herritarrei, udalei eta erakundeei elektrizitate nuklearrik ez erosteko, espainiar estatuan zentral nuklear zaharkituei bizitza luzatu nahi dietelako eta Garoña eta Lemoiz itxi ondoren, gure oraingo lana da beste herrialdeetako energia nuklearrik ez erostea eta eredu energetikoa aldatzea. Iparraldean monopolio elektriko nuklearra dago baina Hegoaldean Iberdrola eta Endesatik alde egin dezakegu eta energia berriztagarriak saltzen duten enpresetara edo kooperatibetara pasatzera animatu nahi zaituztegu.
Azkenik Garoñaren inguruetan lanpostuak sortzen laguntzeko eskatu nahi diegu administrazioei, orain arte ez delako arlo horretan ezer egin. Eta zentrala egon zen lekuan, energia berriztagarrien instalazioaren bat jartzea, eguzkitiko instalazio bat adibidez.
Garoñaren kontrako Foroak ingurumena babesten jarraitu nahi dugu eta horretarako eredu energetikoa aldatzea ezinbestekoa da. Zeregin horretan elkarlanean jarduteko dei egiten diegu gai honetan interesatuta dauden norbanako eta kolektiboei gurekin harremanetan jartzeko eta batera aritzeko (garonarenkontrakoforoa@gmail.com)


2017ko azaroaren 13an
Garoñaren kontrako Foroa
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domingo, 12 de noviembre de 2017

Gestión del agua en valles alaveses

El 18 de Noviembre del presente año, dentro de las Jornadas de la Asociación de Concejos de Álava charla sobre la gestión del agua. Folleto aquí .. Leer más...

Garoña almacena más de 2.500 elementos combustibles de alta actividad

Así se refleja en la última memoria del Consejo de Seguridad Nuclear al Parlamento (2016) en la que se detalla que tras la descarga completa del núcleo de los elementos combustibles en diciembre de 2012, su porcentaje de ocupación es del 96,01% por lo que el número de posiciones libres es de 104 actualmente.

La parada de la planta, tras la extracción del combustible, se realizó sin autorización del entonces Ministerio de Industria, motivo por el que Nuclenor la empresa propietaria fue sancionada, según recordó el pasado martes el ministro de Energía, Alvaro Nadal, al anunciar la denegación del permiso de explotación.




Las piscinas de los reactores en las que se sumergen los elementos combustibles gastados (demasiado calientes y radiactivos) son grandes tanques de agua que actúan como refrigerante y blindaje frente a la radiación.

Así pues, el combustible nuclear gastado generado en España (con excepción del generado en la operación de la central nuclear Vandellós I y el generado en la central nuclear Santa María de Garoña hasta 1982), se encuentra almacenado en las piscinas asociadas a los reactores.


El principal problema de las piscinas es su capacidad, por lo que para solventarlo ha sido necesario recurrir a contenedores blindados en seco en los denominados Almacén Temporal Individualizado (ATI).

Actualmente se usan contenedores de almacenamiento en seco en los ATI existentes en los emplazamientos de tres centrales nucleares Trillo y Ascó, ambas en operación, y José Cabrera en desmantelamiento.

La piscina de Garoña almacena desde 2012 un total de 2.505 elementos combustibles, que representa el 96,01% de una capacidad total de 2.609, por lo que aun tendría espacio para 104, pero el proceso de desmantelamiento obliga a su retirada previa, operación que corresponde a Nuclenor (Endesa e Iberdrola) titular de la planta.

Según la memoria del CSN al Congreso de los Diputados y al Senado, el ATI previsto para Santa María de Garoña -planteado antes del cese definitivo de actividad- estará constituido por dos plataformas de hormigón cada una de ellas para 16 contenedores ENUN 52B, diseñados por Equpos Nucleares (ENSA), con capacidad para 52 elementos combustibles BWR.

Los contenedores ENUN 52b son aptos para el denominado combustible GE-6 y GE7 de Garoña, su vida de diseño es de 50 años, aunque la aprobación por el CSN es validad para 20 años, según una instrucción de seguridad (IS-20) dictada por el máximo organismo español en materia de seguridad y protección radiológica.

Contenedores para almacenamiento y transporte


El contenedor ENUN 52B es un sistema de “doble propósito” (almacenamiento y transporte) de combustible gastado y está formado, por un cuerpo metálico con blindaje neutrónico. Cuenta con aletas de aluminio para la conducción del calor, sistema de cierre mediante dos tapas con pernos que aseguran la estanqueidad y el confinamiento del combustible y un bastidor de acero inoxidable con absorbente neutrónico para acomodar hasta 52 elementos combustibles no dañados.

El ENUN 52B cargado puede ser almacenado en horizontal o en vertical sobre una losa de hormigón en el almacén temporal individualizado (ATI) del emplazamiento.
La autorización de la ejecución y montaje de este ATI en Santa Maria de Garoña se aprobó en octubre de 2015 y en mayo de 2016 el CSN recibió la solicitud de puesta en servicio de dicha modificación de diseño.

La opción del ATI fue la elegida para almacenar los residuos de alta actividad en el caso del desmantelamiento de Zorita, mientras que el precedente de Vandellos I se enviaron a Francia, para su almacenamiento temporal.

El almacén temporal de Zorita alberga 16 contenedores, de los cuales 12 de ellos están cargados con elementos combustible gastado y 4 con residuos especiales procedentes del reactor, aditamentos y otros, lo que representa el 100% de su capacidad para este fin.

Otras nucleares operativas como Ascó (Tarragona)también cuentan con ATI con 11 ocupados, en este caso del modelo denominado HI-STORM, y Trillo con 32 contenedores ENSA-DPT, según la memoria del Consejo de Seguridad Nuclear.

El número total de elementos combustibles almacenados, a 31 de diciembre de 2016, en las centrales (residuos de alta actividad) era de 15.082, de los que 8.345 elementos son de las centrales nucleares de agua a presión (PWR) y 6.737 de las centrales nucleares en ebullición (BWR), de este último 2.505 de Garoña.
Otra cuestión son los denominados residuos de baja, media y muy baja actividad (RBM) para lo que Enresa cuenta con el Almacén de El Cabril en Sierra Albarrana, Cordoba.

Residuos radiactivos de baja y media actividad


Pero no todos los RBM están en el Cabril. A finales del pasado año, las nucleares españolas habían generado 2.859 bultos que fueron acondicionados en bidones y en contenedores metálicos, de los cuales el 11 por ciento correspondió a Garoña.


Según la memoria del CSN, ese año la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos retiró en 2016 un total de 1.175 bultos RBM acondicionados en las centrales nucleares en explotación, que fueron trasladados hasta el centro de almacenamiento de residuos de El Cabril en Sierra Albarrana (Córdoba). El 8% de los retirados correspondió a la burgalesa de Santa Maria de Garoña. En el caso de Santa María de Garoña en 2016 se generaron 304 bultos de residuos de baja, media y muy baja actividad de los cuales 92 fueron trasladados a El Cabril.

Así pues los almacenes de Santa Maria de Garoña de RBM estaban al 43,3 por ciento a finales del pasado año con 4.158 bidones equivalentes a 220 litros según consta en la memoria del CSN. EFE
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domingo, 29 de octubre de 2017

‘BioAraba 2017’ vuelve como un punto de encuentro en el sector ecológico

3, 4 y 5 de noviembre se celebra la cuarta edición de BioAraba, la feria de referencia del sector ecológico en nuestra provincia. Dirigida a todos los públicos, pretende mostrar las alternativas que se ofrecen para una vida más saludable con productos de nuestro entorno y procedentes de todos los sectores. Un evento que apuesta por una forma de producir y de consumir más respetuosa con el medio ambiente, más consciente, responsable y solidaria con la naturaleza.
BioAraba es un punto de encuentro entre expositores, productores, comerciantes, distribuidores, visitantes profesionales, consumidores de productos ecológicos, Instituciones, Asociaciones y Público en general. La muestra ofrecerá distintos espacios temáticos en los que estarán presentes empresas, instituciones, asociaciones y profesionales, además de una zona de conferencias y demostraciones. ..
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España vuelve a incumplir los plazos de transposición de una Directiva comunitaria

La Comisión europea decidió lanzar a principios del año 2000 la reforma de la gobernanza europea como un objetivo estratégico y de este modo albergar unos principios que, según el Libro Blanco de la Gobernanza Europea, constituyan la base de una buena gobernanza, que a la sazón serán cinco: apertura, participación, responsabilidad, eficacia y coherencia.
Cada uno de estos principios resulta esencial para la instauración de una gobernanza más democrática y de este modo “La calidad, la pertinencia y la eficacia de las políticas de la Unión implican una amplia participación de los ciudadanos en todas y cada una de las distintas fases del proceso, desde la concepción hasta la aplicación de las políticas”.
La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo que se adoptó en la Conferencia de NNUU en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992, después de declarar como Principio 1 que “Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible”, proclama en el Principio 10 que “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”.  
Sin duda alguna otro de los instrumentos internacionales a los que debemos hacer alusión a la hora de hablar sobre los derechos ciudadanos al acceso a la información medioambiental es el Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, hecho en Aarhus (Dinamarca), el 25 de junio de 1998, ratificado por España por instrumento de 15 de diciembre de 2004 y en vigor para España desde el 29 de marzo de 2005.
El objetivo de dicho Convenio no es otro que “contribuir a proteger el derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente que permita garantizar su salud y su bienestar”; para ello “cada Parte garantizará los derechos de acceso a la información sobre el medio ambiente, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia medioambiental de conformidad con las disposiciones del presente Convenio”.
Ley de acceso a la información ambiental (LAIA)
Por último la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación  pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (LAIA), adapta el ordenamiento jurídico vigente a las disposiciones contenidas en la Directiva 2003/4/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información ambiental y en la Directiva 2003/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo.
Así pues, el objetivo de la LAIA será regular los siguientes derechos:
a) A acceder a la información ambiental que obre en poder de las autoridades públicas o en el de otros sujetos que la posean en su nombre.
b) A participar en los procedimientos para la toma de decisiones sobre asuntos que incidan directa o indirectamente en el medio ambiente, y cuya elaboración o aprobación corresponda a las Administraciones Públicas.
c) A instar la revisión administrativa y judicial de los actos y omisiones imputables a cualquiera de las autoridades públicas que supongan vulneraciones de la normativa medioambiental
Esta ley garantiza igualmente la difusión y puesta a disposición del público de la información ambiental, de manera paulatina y con el grado de amplitud, de sistemática y de tecnología lo más amplia posible.
Por otro lado vamos a tener en cuenta cuál es el concepto que la LAIA ofrece sobre “Información ambiental”, a los efectos de aplicación de dicha ley.
En este sentido vemos que información ambiental es toda información en forma escrita, visual, sonora, electrónica o en cualquier otra forma que verse sobre las siguientes cuestiones:
a) El estado de los elementos del medio ambiente, como el aire y la atmósfera, el agua, el suelo, la tierra, los paisajes y espacios naturales, incluidos los humedales y las zonas marinas y costeras, la diversidad biológica y sus componentes, incluidos los organismos modificados genéticamente; y la interacción entre estos elementos.
b) Los factores, tales como sustancias, energía, ruido, radiaciones o residuos, incluidos los residuos radiactivos, emisiones, vertidos y otras liberaciones en el medio ambiente, que afecten o puedan afectar a los elementos del medio ambiente citados en la letra a).
c) Las medidas, incluidas las medidas administrativas, como políticas, normas, planes, programas, acuerdos en materia de medio ambiente y actividades que afecten o puedan afectar a los elementos y factores citados en las letras a) y b), así como las actividades o las medidas destinadas a proteger estos elementos.
d) Los informes sobre la ejecución de la legislación medioambiental.
e) Los análisis de la relación coste-beneficio y otros análisis y supuestos de carácter económico utilizados en la toma de decisiones relativas a las medidas y actividades citadas en la letra c), y
f) El estado de la salud y seguridad de las personas, incluida, en su caso, la contaminación de la cadena alimentaria, condiciones de vida humana, bienes del patrimonio histórico, cultural y artístico y construcciones, cuando se vean o puedan verse afectados por el estado de los elementos del medio ambiente citados en la letra a) o, a través de esos elementos, por cualquiera de los extremos citados en las letras b) y c).
Para promover una participación real y efectiva del público en aplicación de la LAIA las Administraciones Públicas, al establecer o tramitar los procedimientos que resulten de aplicación, velarán porque pueda participar de manera efectiva en el proceso, el público que tenga la condición de persona interesada para participar en dichos procedimientos.
Se entenderá que tiene esta condición de interesado, quienes en el procedimiento administrativo lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos; los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte; aquéllos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva y las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales.
Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derechohabiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento.
Por último, cualesquiera personas jurídicas sin ánimo de lucro que acrediten que tengan entre los fines acreditados en sus estatutos la protección del medio ambiente en general o la de alguno de sus elementos en particular pero que en cualquier caso se hubieran constituido legalmente al menos dos años antes del ejercicio de la acción y que vengan ejerciendo de modo activo las actividades necesarias para alcanzar los fines previstos en sus estatutos. Y por otro lado que según sus estatutos desarrollen su actividad en un ámbito territorial que resulte afectado por la actuación, o en su caso, omisión administrativa.
No obstante y según un Informe del Defensor del Pueblo del año 2012 amplía el sujeto titular del derecho de acceso a la información ambiental sin necesidad de acreditar la condición de interesado: “Años después de su regulación, las administraciones públicas siguen vinculando el derecho de acceso a la información ambiental con la condición administrativa de “interesado”, lo que vulnera su régimen legal (LAIA). El derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente no depende de la condición de interesado del solicitante. Las administraciones públicas deben dar acceso a la información ambiental que obre en su poder con independencia de que: a) el solicitante sea interesado o no; b) la información pedida forme parte o no de un expediente, y c) el expediente esté o no terminado.
El derecho a la obtención de copias puede incorporarse perfectamente al trámite de información pública, por ejemplo, para la aprobación de una ordenanza municipal de gestión de residuos urbanos. Cuando un ciudadano solicita documentación sobre una norma o decisión en trámite de aprobación –y desde luego en una fase del procedimiento como es la de información pública-, esa información no es de acceso limitado (arts. 105 CE y 37.5 L.30/92), ni hay intereses concretos dignos de especial protección que deban prevalecer, ni se observa que la solicitud sea abusiva o perturbe el normal funcionamiento de la Administración.
Entiende esta Institución que la obligada transparencia administrativa exige que la Administración actuante facilite a los ciudadanos el acceso a los expedientes y la obtención de copias de los concretos documentos solicitados. Por ejemplo, la circunstancia de no haber concluido el trámite para la aprobación de la ordenanza no justifica la negativa a facilitar tal”.
Es importante reseñar que las personas jurídicas sin ánimo de lucro tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita en los términos previstos en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.
Por último deberemos tener en cuenta que la autoridad pública competente para resolver deberá facilitar la información ambiental solicitada o comunicar al solicitante los motivos de la negativa a facilitarla, teniendo en cuenta el calendario especificado por el solicitante, lo antes posible y, a más tardar, en los plazos que se indican a continuación:
1.º En el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud en el registro de la autoridad pública competente para resolverla, con carácter general.
2.º En el plazo de dos meses desde la recepción de la solicitud en el registro de la autoridad pública competente para resolverla, si el volumen y la complejidad de la información son tales que resulta imposible cumplir el plazo antes indicado. En este supuesto deberá informarse al solicitante, en el plazo máximo de un mes, de toda ampliación de aquél, así como de las razones que lo justifican.
Se trata pues de plazos imperativos y máximos que no pueden excederse como ha tenido ocasión de declarar el TJUE en la sentencia de 21 de abril de 2005, asunto C-186/2004, Housieaux.
En el caso de comunicar una negativa a facilitar la información, la notificación será por escrito o electrónicamente, si la solicitud se ha hecho por escrito o si su autor así lo solicita.
La notificación también informará sobre el procedimiento de recurso previsto de conformidad con el título V de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en su caso, el recurso contencioso-administrativo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
No obstante las autoridades públicas podrán denegar las solicitudes de información ambiental, haciendo una interpretación restrictiva de las causas establecidas en la LAIA y para ello, se ponderará en cada caso concreto el interés público atendido con la divulgación de una información con el interés atendido con su denegación.
Por último es oportuno añadir que las CCAA podrán ampliar la lista de materias a las que hemos hecho referencia y de este modo ampliar las garantías de participación.
La Directivas europeas
Pero lo hasta ahora dicho carecerá de eficacia alguna si verdaderamente no se articulan medios para que la información llegue a los ciudadanos o de otro modo, el Gobierno de España retrase la transposición de las Directivas comunitarias, como ya hiciera con la Ley 38/1995, de 12 de diciembre, del derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente –con 3 años de retraso-.
En este sentido es interesante conocer que la Directiva 2014/52/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, todavía no ha sido transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico, la cual obliga a los Estados Miembros, a fin de reforzar el acceso público a la información y la transparencia, a una información medioambiental en tiempo oportuno accesible en formato electrónico.
Por tanto, los EEMM deberán establecer un portal central o puntos de acceso al nivel administrativo adecuado para que los ciudadanos puedan acceder a esta información de manera fácil y efectiva.
Esta Directiva comunitaria establece que los EEMM pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir las disposiciones de la misma a más tardar el 16 de mayo de 2017.
Pero de nuevo España vuelve a incumplir el plazo de transposición de la citada Directiva, pese a lo cual es oportuno recordar el “efecto útil” vertical que el TJUE atribuye a las mismas cuando los Estados Miembros no hayan cumplido con los plazos que tenían para trasponer la citada norma comunitaria o lo hayan hecho de forma incompleta o deficiente (STC 232/2015, de 5 de noviembre).
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viernes, 27 de octubre de 2017

Sorprendente que se acuerde imponer 4000 euros de multa a quien mata un caballo

La fiscalía, contenta con una condena aunque suponga un sinsenstido, y criterio contrario al daño causado (muerte de animales ) Se ha dictado una sentencia por la que se impone una multa de 100.000 euros por dejar morir a 25 caballos en Okondo
El delitos de maltrato y abandono de animales está recogido en el Código Penal para proteger la integridad y bienestar de los animales, (337.1,y 337CP)
Si como resultado del maltrato se hubiera causado la muerte del animal se contempla un tipo agravado y se impondrá una pena de 6 a 18 meses de prisión e inhabilitación especial de 2 a 4 años. (art. 337.3 CP)
Pero en el caso de Okondo, el acuerdo de fiscalía con la defensa ha supuesto rebajar la pena a una multa simbólica de 4000 euros por caballo asesinado, algo que como Eguzki consideramos un comportamiento por parte del fiscal ajeno al valor y aprecio a la vida de los animales.
No podemos sino considerar este acuerdo de fiscalía beneficioso para los juzgados pero no justo, ante la falta de arrepentimiento, medida penal adecuada al daño causado ni al resto de comportamientos que se produce. Constatamos un aumento en la sensibilización social ante esta lacra, lo que se ha visto favorecido por la entrada en vigor de la última modificación del artículo 337 de CP por LO 5/10, que ha facilitado el aumento de las sentencias condenatorias», pero que si no resocializa la cárcel, al menos debe imponerse una pena adecuada proporcional y relacionada con el bien jurídico protegido y el daño causado. La multa simbólica no es como tal dicha pena.
En este sentido, la jurisprudencia, por su parte, ha refrendado esta situación en decisiones como la del reciente Auto del Juzgado de lo Penal n.º 2 de Palma, de 21 de septiembre de 2015, que al desestimar la petición de sustitución de la pena de prisión impuesta al dueño de un caballo de carreras al que golpeó hasta la muerte, señaló cómo «La muerte atroz de Sorky, un caballo de carreras, en su propia cuadra del hipódromo [al que su dueño causó la muerte empleando una “inusitada violencia” al golpearle brutalmente y haciéndole sufrir], es una aberración en el siglo XXI, y la indignación ciudadana está justificada y es legítima y por tanto la ejecución de la respuesta punitiva del Estado debe ponderar con especial interés en este caso, no solo la reinserción social del delincuente, sino los otros fines de la pena».
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Zadorra bizirik reclama un plan participativo con medidas efectivas ante el lamentable estado de los ríos.

La plataforma Zadorra Bizirik, agrupa a diferentes colectivos sociales, partidos políticos y particulares, que trabajan para mejorar el conocimiento del estado de las aguas, y conseguir que todos los ríos de Araba/Álava alcancen un buen estado ecológico para proteger la salud humana, asegurar el suministro, así como recuperar los ecosistemas naturales y la biodiversidad, ante el acuerdo alcanzado en el Parlamento Vasco en el día de hoy (26/10/2017), respecto al estado de los ríos, quiere manifestar a los grupos parlamentarios y a la opinión/ pública lo siguiente:

1.- La declaración aprobada este jueves por unanimidad en el Parlamento Vasco, a favor de tomar consciencia sobre el estado ecológico de nuestros ríos y medidas correctoras para revertirlo, es un reconocimiento del valor de los mismos, así como, de la necesaria actuación coordinada entre las administraciones competentes, de manera integral para mejorar todo el ciclo de las masas de agua superficiales.

Además, a juicio de Zadorra Bizirik, esta declaración es una muestra irrefutable del lamentable estado en el que se encuentran los ríos de la CAPV, estado expuesto en los informes oficiales pero que puede apreciar con la mera observación de éstos, y que debe conllevar la planificación de una batería de medidas para revertir y recuperar el estado de nuestros ríos a su estado natural.

2.- Es una buena noticia que el Parlamento Vasco considere clave el estado de la calidad de las aguas y evidencia la necesaria acción de la ciudadanía y, por ende, la razón de ser de esta plataforma y, alineados con sus fines, la necesaria adopción de medidas eficaces para la recuperación integral de nuestros ríos.

3.- Ante el pésimo estado ecológico de los cauces de nuestro territorio, especialmente en tramos biológicamente muertos o dañados por graves y reiterados vertidos, las administraciones competentes deben actuar de forma efectiva para prevenir, controlar, vigilar, evaluar y sancionar a los causantes de estas gravísimas afecciones y así cumplir la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000&60CE) respecto a las medidas de protección de todos los cauces, al abastecimiento y saneamiento.

Zadorra Bizirik considera fundamental visibilizar la necesaria protección y restitución de los recursos naturales hídricos, así como, aplicar medios suficientes por parte de las instituciones competentes para su efectiva implicación con este objetivo. Esta declaración expresa buenas intenciones y es señal del diagnóstico de una enfermedad cuyo seguimiento no puede mantenerse en observación y espera, con la mera aplicación de medidas paliativas, sino haciendo un seguimiento preventivo, atajando las causas y aplicando medidas que reviertan el calamitoso estado de nuestros ríos. En definitiva, mejorando entre todos la calidad de sus aguas y por extensión de los ecosistemas fluviales.
Para cumplir con este objetivo de mejora del estado ecológico de los cauces fluviales vascos, resulta imprescindible un compromiso de ejecución de las medidas planteadas por parte de las administraciones competentes, con un calendario de ejecución y partidas presupuestarias que den soporte al coste económico de las actuaciones, los equipos y las medidas planteadas.
Por todo ello, hacemos un llamamiento a todas las administraciones competentes a coordinarse, estudiar y adoptar de forma planificada e integral las medidas que supongan la mejora del estado de las masas de agua superficiales del País Vasco y adoptar medidas efectivas de prevención de riesgos para los cauces, estableciendo formas de participación, control, supervisión técncia, política y social, así como, dotar partidas económicas para que todo ello suponga pasar de las meras declaraciones, los compromisos huecos a los hechos y los resultados compartidos por la mejora de los ríos.

Finalmente, Zadorra Bizirik muestra, una vez más, su voluntad por aportar y colaborar, desde la gravedad de la situación y las obligaciones de diferentes instituciones, para la mejora del estado de los ríos, la realización de planes o medidas integrales y para ello permanecerá vigilante respecto a la aplicación de esta declaración.
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jueves, 26 de octubre de 2017

El Parlamento pide al Gobierno Vasco mejorar el Zadorra y el Alto Nervión

La moción, presentada inicialmente por el Partido Popular, ha sido aprobada por unanimidad. Se han recibido aportaciones de todos los grupos políticos y del propio Gobierno Vasco. Todos han reconocido la situación preocupante, especialmente en la cuenca del Zadorra donde los controles indican que la calidad del agua ha empeorado en los últimos tiempos. Precisamente la cuenca del Zadorra abastece de agua potable a más del 50% de la población vasca, además de gran parte del regadío en Álava.
La parlamentaria del PP, María del Carmen López de Ocariz, proponente de la moción, ha declarado que un 92% del total de la demanda de los embalses del Zadorra se destina al consumo humano y al regadío de productos destinados al consumo. El Parlamento Vasco insta también al Gobierno Vasco a ampliar los controles y análisis; culminar todos los proyectos de depuración de los dos cuencas alavesas afectadas y a investigar y castigar cualquier vertido contaminante ilegal. .. Leer más...

Eguzki aplaude la conciencia sobre los herbicidas, pero demanda medidas efectivas para prohibir y eliminar su uso

Las Juntas Generales de Araba han aprobado en el día de ayer, miércoles 25 de octubre de 2017, una moción para concienciar sobre el carácter tóxico de herbicidas como el glifosato, así como se demanda un plan para reducir su uso en la agricultura.
La aplicación de herbicidas tóxicos viene siendo utilizada para eliminar hierbas que surgen en las orillas y zonas adyacentes de carreteras, márgenes de cauces y lugares públicos como parques, zonas ajardinadas.
Según algunos estudios, el glifosato afecta al funcionamiento hormonal, y daña el ADN de las células.
El Glifosato, adsorbido fuertemente por el suelo y es muy soluble en agua, tiene efectos tóxicos sobre la salud y el medio ambiente durante varios meses, tal como demuestran muchos estudios, por lo que su posible uso en las márgenes de los cauces fluviales o zonas acuíferas, aumenta su peligrosidad
Ya en su momento la Directiva marco para un Uso sostenible de los plaguicidas, instó a las distintas administraciones a velar porque se minimice o prohíba el uso de plaguicidas especialmente a lo largo de las carreteras, en los espacios utilizados por el público en general, o por grupos vulnerables, como los parques, jardines públicos, áreas de recreo, etc.
Por todo ello, Eguzki insiste en la concienciación, denuncia de este uso y demanda su prohibición así como eliminar (y no solo reducir) su uso por los efectos nocivos que produce.
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miércoles, 25 de octubre de 2017

Un juzgado de Vitoria ha condenado a un hombre a pagar 400 euros por propinar con «manifiesta crueldad» entre 15 y 20 varazos a su perro. La sentencia ha declarado probado que el suceso tuvo lugar en abril de 2014 en una localidad del municipio alavés de Ribera Alta, cuando el hombre comenzó a golpear al can con una vara provocando que el animal aullara de dolor. La agresión fue presenciada por dos personas que le recriminaron su acción, momento en el que el hombre dejó de golpear al perro. Sin embargo, el agresor volvió a reanudar los golpes poco después y fue visto arrastrando al animal fuera de la vista de los dos testigos.

Un juzgado de Vitoria ha condenado a un hombre a pagar 400 euros por propinar con «manifiesta crueldad» entre 15 y 20 varazos a su perro. La sentencia ha declarado probado que el suceso tuvo lugar en abril de 2014 en una localidad del municipio alavés de Ribera Alta, cuando el hombre comenzó a golpear al can con una vara provocando que el animal aullara de dolor.
La agresión fue presenciada por dos personas que le recriminaron su acción, momento en el que el hombre dejó de golpear al perro. Sin embargo, el agresor volvió a reanudar los golpes poco después y fue visto arrastrando al animal fuera de la vista de los dos testigos. .. Leer más...

Condenado a pagar 400 euros por maltratar a su perro con «manifiesta crueldad»

Un juzgado de Vitoria ha condenado a un hombre a pagar 400 euros por propinar con «manifiesta crueldad» entre 15 y 20 varazos a su perro. La sentencia ha declarado probado que el suceso tuvo lugar en abril de 2014 en una localidad del municipio alavés de Ribera Alta, cuando el hombre comenzó a golpear al can con una vara provocando que el animal aullara de dolor.
La agresión fue presenciada por dos personas que le recriminaron su acción, momento en el que el hombre dejó de golpear al perro. Sin embargo, el agresor volvió a reanudar los golpes poco después y fue visto arrastrando al animal fuera de la vista de los dos testigos. .. Leer más...

domingo, 15 de octubre de 2017

520.000 muertes al año por contaminación en las ciudades de la UE

El último informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), en el que analiza los datos sobre contaminación ambiental urbana de entre 2013 y 2015, vuelve a confirmar la dimensión que han tomado los problemas de salud relacionados con la polución en las ciudades. Hasta el 95% de la población urbana de la UE respira aire que supera los mínimos recomendables establecidos por la Organización Mundial de la Salud.
Según el informe de AEMA, en 2014, la muerte prematura de 420.000 personas es achacable a la contaminación de partículas en suspensión (especialmente las más finas, de menos de 2,5 micras, PM2,5), producidas en buena parte por los vehículos de diésel. Otras 78.000 muertes son atribuidas, según esta institución europea, a la contaminación de dióxido de nitrógeno (NO2), producto en buena parte de la combustión de vehículos y plantas eléctricas. Y otras 13.600 corresponden a la exposición al ozono troposférico (o3). En España, las víctimas de la contaminación en 2014 habrían sido de 23.180 por partículas finas, 6.740 por dióxido de nitrógeno y 1.600 por ozono. ..l Leer más...